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domingo, 9 de diciembre de 2007

Protesta por los bienes


Existe en Aragón el convencimiento general de que las obras de arte de la Franja retenidas por la Diócesis de Lérida jamás volverán a reposar en sus lugares de origen o, en su caso, en el Museo de Diocesano de Barbastro. La reciente inauguración del Museu de Lleida, mostrando trece de estas piezas, confirmó que ni las autoridades religiosas ni las instituciones civiles catalanas tienen intención alguna de devolverlas. Y, lo que es peor, puso de manifiesto que al Vaticano el asunto le importa más bien poco. O al menos así se deduce tras conocerse la respuesta del Nuncio, Manuel Monteiro de Castro, a una misiva del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, reclamando la prohibición de la exhibición en Cataluña de piezas procedentes de las parroquias aragonesas y solicitando el cumplimiento de las sentencias que han dado una y otra vez la razón a Aragón. El máximo representante eclesiástico mostró una actitud impropia al invitar a Iglesias a ponerse de acuerdo con la Generalitat, al entender que el problema es que los bienes están catalogados. ¿Es que nadie va a recordarle al Nuncio que lo están hoy, pero no a la firma del decreto de segregación de parroquias?
Ante este juego de pillos hay poco que hacer. Tras un intento vano de acercamiento de posturas DGA-Generalitat, cuando el consejero de Cultura catalán era Ferrán Mascarell, la situación actual parece irresoluble por una negociación bilateral. Desde las instituciones catalanas no se va a atender ninguna propuesta aragonesa que no pase por fórmulas engañosas, como la gestión y la exhibición compartidas de las 113 piezas. Al contrario, en Lérida y en Barcelona se ha aprovechado la laxitud vaticana para blindar estos bienes y dificultar su regreso. La provocación de la desobediente diócesis leridana solo podría ser enjugada con la aplicación inmediata y enérgica de la Justicia de Roma, competente en este tipo de conflictos según los acuerdos Iglesia-Estado rubricados hace 30 años. Pero, ¿qué hacer si Roma se siente incapaz, impotente o, directamente, desinhibida? Solo queda articular una protesta real y efectiva que exija el cumplimiento de los fallos que sistemáticamente han emitido los tribunales.
DESCARTADA la vía civil, por compleja e insegura, ha llegado la hora de mostrar una respuesta a la altura de la afrenta catalana y del desapego vaticano. En el ámbito institucional, el Gobierno PSOE-PAR ha decidido enfriar las relaciones con Cataluña, con una irregular y poco efectiva política de gestos que servirá de poco mientras no se envíen mensajes enérgicos.
Y mientras se juegan las bazas políticas que corresponda, debería entrar también en acción la Iglesia aragonesa, apelando al arzobispo de Zaragoza, a los obispos aragoneses y al resto de la cúpula religiosa de la comunidad, para que actúen con contundencia. Monseñor Manuel Ureña es un hombre activo, que no rehúye los asuntos políticos cuando son de su interés, así que ¿a qué viene tanta condescendencia? A muchos fieles les encantaría ver que su principal pastor en Aragón muestra la misma fuerza que sus homólogos catalanes para defender a viento y marea la reposición de los bienes en Aragón. El descrédito que provoca la dejación de funciones en un asunto de esta naturaleza es tremendo. Habida cuenta la frialdad y la extremada prudencia que ha mostrado Ureña respecto de este tema, capitalizado hasta ahora en solitario por el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, parecería razonable más que los responsables públicos aragoneses exigieran esta reacción.
Tampoco parece descabellado que sean los propios aragoneses los que ejerciten alguna medida de presión ante la cerrazón de la Iglesia y de las instituciones catalanas. Un asunto de esta naturaleza no debería enturbiar las relaciones de vecindad y cooperación, cuestión que de hecho no ha pasado hasta hoy, pero tanta provocación acabará pasando factura. El asunto tiene ahora una importancia más simbólica que efectiva, pues la inseguridad jurídica del Vaticano ha acabado generando una sensación de indefensión absoluta. Si no sirve de nada ganar una sentencia, ¿para qué están los tribunales eclesiásticos? Es hora, pues, de que la sociedad civil proteste enérgicamente no solo por la cerrazón catalana, sino por la debilidad jurídica demostrada en asuntos de competencia eclesiástica.
Y, en paralelo a la reacción social aragonesa, en este asunto hay que implicar ya al Estado. El Gobierno central lleva casi una década ganando tiempo, desde que las primeras sentencias dieron la razón a Aragón, sin meterse en el conflicto. Pasado este tiempo se impone una labor de mediación en la que lo único que hay que negociar es cómo y cuándo vuelven las piezas, hasta la más mínima. Se intuía que este papel podía venir de la mano de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega, que además es experta en derecho vaticano, aunque la fuerza de los hechos ha demostrado que nada muy poco o nada se ha hecho al respecto aunque hace casi dos años se anunciaran avances.
Al final, el conflicto de la Franja es una cuestión de dignidad que poco tiene que ver con lo espiritual o con lo artístico. Se trata de que los derechos de los aragoneses no queden pisoteados ante la impunidad que han mostrado uno tras otro los responsables de la Diócesis de Lérida con la cobertura de políticos catalanes de banderas fáciles, el último tan inefable como el consejero de Cultura, Joan Manuel Tresserras. Si triste sería que los bienes expoliados no regresaran nunca más lamentable del todo resultaría que los aragoneses no hicieran nada para intentarlo y, al menos, mostrar su rechazo.

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