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martes, 28 de septiembre de 2010

Hay razones para el rechazo y para la protesta frente a la Reforma Laboral

La huelga como ejercicio de un derecho democrático es algo incuestionable, a pesar del clamor que, en algunos territorios mediáticos, insiste en su descalificación. Un ejercicio que en este caso hace frente a una reforma de la legislación laboral que reúne una serie de modificaciones que, sin afectar de forma positiva, en mi opinión, a la economía española en general, interfiere negativamente en los intereses de los asalariados en su conjunto.

Pensando en los posibles efectos de dicha reforma legislativa producirá, creo se la puede calificar de inútil, ineficaz e ineficiente e injusta, a lo que también podríamos añadir el último atributo de inoportuna.

Es inútil, porque ante la obligación de las autoridades económicas en este momento, tal cual es promover una salida lo más rápida e intensa posible de la crisis actual que estamos atravesando, una reforma laboral es inoperante a tales efectos. Son muchos los economistas que venimos señalando que los problemas de la crisis están en la demanda agregada, que no estamos ante un crisis de oferta. El gobierno del Presidente Rodriguez Zapatero, se podía haber evitado el coste político que tal reforma conlleva frente a su electorado, más abundante entre los asalariados. No es una cuestión de una aparente "valentía" del gobierno, que se enfrentaría así a su propio electorado en bien del país, sino de un error de interpretación y de cálculo.

Será una una reforma ineficaz e ineficiente, al no alcanzar los objetivos que pregona en su propio preámbulo, de incrementar el volumen de empleo y reducir los niveles de temporalidad. Contradictoriamente con la política de ajuste del gasto público (indemnizaciones a cargo del FOGASA, etc.), la reforma expande los mismos sin posibilidad de alcanzar objetivos en materia de empleo o reducción de la dualidad del mercado significativos. Es de hecho una reforma injusta, puesto que contribuye a una distribución muy desigual de los costes que se asumen para salir de la crisis; la carga monetaria sobre el conjunto de los trabajadores que conlleva esta reforma será bastante superior a la recaudación esperada por la subida del tipo marginal del IRPF para las rentas más altas, por ejemplo.

Y al mismo tiempo, ha resultado una reforma, desde el plano del Diálogo Social, enormemente inoportuna. El propio anuncio de la reforma por el Gobierno fue el detonante de la parálisis del diálogo a escala del Estado, que había cosechado un acuerdo destacable en febrero de este año, para la negociación colectiva en el periodo 2010-2012. El problema a futuro es importante pues cuestiona la propia aplicación de la Reforma, al menos en los contenidos que han de pasar necesariamente por el acuerdo ulterior de los interlocutores sociales. En este sentido contamos con la experiencia de la reforma unilateral de la reforma del año 1994. Y al diálogo social, que ha sido transcendente para la economía española en el pasado, aún le quedan actuaciones singulares para el futuro. La modificación en profundidad de la regulación de la negociación colectiva, que esta reforma solo aborda parcialmente y, en mi opinión, en la dirección equivocada, si ha de ser a través de la concertación social, está tocada a esperar por un tiempo, hasta que se recompongan los puentes.

En este contexto, la Reforma Laboral parece más bien un ejercicio de yoga, relajante para aplacar la furia de los mercados financieros, quienes tras su puesta en marcha, dejarían de marcar con su dedo acusador las deficiencias de la economía española. Ejercicio para ingenuos. Hay pues razones para oponerse a una reforma inútil, ineficaz, ineficiente, injusta a la vez que inoportuna, a través de los mecanismos que la legislación confiere a los trabajadores como arma en defensa de sus derechos, que en este caso afectan de modo directo o indirecto a la gran mayoría de los ciudadanos. Y hay, en este sentido esperanza de que el Gobierno atienda a las razones de los trabajadores en huelga y rectifique.

Santos M. Ruesga es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid

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